El debate a nivel mundial sobre el libre acceso a la literatura primaria de investigación se acrecentó notoriamente durante los últimos meses, fomentado sobre todo un conjunto de recomendaciones parlamentarias norteamericanas, debido a las exigencias de partidarios y detractores del nuevo sistema. Después de tiempos de retórica, un desarrollo concreto ha emergido incuestionablemente: los gobiernos alrededor del mundo han comenzado a tomar interés en la cuestión de quién puede o no puede leer los resultados de la investigación científica que financian. Un reciente informe inglés a través del “Science and Technology Committee of the United Kingdom’s House of Commons”, señala que la cantidad de dinero público invertido en la investigación científica y su correspondiente salida justifica que así sea realmente (House of Commons Science and Technology Committee 2004). El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH), coincidió con la opinión británica.

Tanto el informe británico como del gobierno norteamericano sugieren que cualquier dictamen legislativo para el acceso a la literatura científica debería de estar muy bien estructurado para así minimizar las potenciales implicaciones negativas para las revistas médicas. Los mandatos legales para el libre acceso a artículos con resultados de investigación financiada públicamente no serían mandatos para que los científicos sometan el trabajo solamente a un conjunto de revistas centralizadas, como las publicaciones PLoS Biology y PLoS Medicine, que colocan inmediata y libremente sus contenidos en línea, permitiendo copia y distribución sin límites. Por ejemplo, se le autorizará a muchos editores de artículos financiados por el NIH, aunque no a todos, mantener un acceso restringido de unos seis meses entre la fecha de publicación y la fecha de su deposición para el libre acceso. En cualquier caso, es una premisa perfectamente razonable que los gobiernos implementen ciertas condiciones a las concesiones de los artículos publicados.

Siempre se ha esperado que las conclusiones de las investigaciones sean diseminadas tan extensamente como sea posible. Todos los proveedores de fondos esperan, por supuesto, que los científicos no guarden sus resultados en un cajón del escritorio. La mayoría, como el NIH, incluye en sus cláusulas la misión de fomentar la comunicación de la información médica y de las ciencias de la salud. La Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (NLM), una división del NIH, proporcionaría la infraestructura para recibir y almacenar los textos completos on line, a la forma del PubMed.

Así y todo, la atención de los gobiernos al acceso público de los resultados de investigación parece ser metódico, inclusivo y que aún tiene que probar ser productivo para las comunidades científicas y el público. Todos parecen estar listos para tratar la problemática de forma sistemática, con participación de la amplia gama de afectados: científicos, médicos, editores, bibliotecas, abogados, pacientes y empresarios.